Se intensificó la disputa entre la Casa Blanca y el Congreso por las declaraciones sobre la destitución de fiscales estadounidenses y el programa de espionaje a nivel nacional sin órdenes judiciales. Cuatro miembros demócratas del Comité Judicial del Senado quieren que un Fiscal Especial investigue si el Fiscal General Alberto Gonzáles cometió perjurio en las declaraciones que hizo esta semana. El martes, Gonzáles le dijo al panel del Senado que en la Casa Blanca no había discrepancias internas sobre la legalidad del programa de espionaje. También negó la acusación de que había intentado presionar al entonces Fiscal General John Ashcroft para que aprobara el programa, mientras este se encontraba convaleciente en el hospital tras una gran intervención quirúrgica. Gonzáles sostiene que en esa reunión hablaron sobre otras actividades de inteligencia.

No obstante, sus comentarios fueron desmentidos directamente por el Director del FBI Robert Mueller. El jueves, Mueller declaró ante el Congreso, y dijo que sí se había hablado sobre el programa de espionaje en la reunión que tuvieron con Ashcroft en el hospital, en la que según su testimonio él mismo había expresado serias reservas sobre el espionaje sin órdenes judiciales. Mientras tanto, el Comité Judicial del Senado citó al alto asesor de la Casa Blanca Karl Rove y al colaborador presidencial J. Scott Jennings para que declaren sobre la destitución de fiscales federales.

En Irak, al menos sesenta personas murieron el jueves, en una ola de violencia que azotó al país. 25 personas murieron y 75 resultaron heridas en un gran atentado suicida con coche bomba en el centro de Bagdad. Ocho soldados estadounidenses también perdieron la vida. Cuatro de ellos murieron en Diyala, donde decenas de miles de soldados están lanzando ataques.

Surgieron nuevas denuncias de abuso físico y malas condiciones laborales de los obreros encargados de la construcción de la gigantesca embajada estadounidense en Bagdad. El jueves, dos contratistas civiles estadounidenses le dijeron al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que los contratistas engañaban a los trabajadores extranjeros para llevarlos a Irak y luego les quitaban sus pasaportes para impedir que se marcharan. La empresa de Kuwait, “First Kuwaiti”, está encargada de supervisar el proyecto de 600 millones de dólares. Se espera que esta sea la mayor misión diplomática de Estados Unidos en el mundo. El contratista estadounidense John Owens dijo que las condiciones de trabajo y de vida de los obreros eran “deplorables”. Owens afirma que los obreros vivían amontonados en pequeñas casas rodantes y que se les negaban artículos básicos como zapatos y guantes. Trabajaban doce horas al día, los siete días de la semana, por tan sólo 240 dólares al mes. Owens dice que los obreros sufrían abusos físicos y verbales y se les descontaba dinero de sus sueldos por infracciones menores.

Los padres de un soldado estadounidense que se suicidó tras regresar a su casa de una misión militar en Irak demandaron al gobierno estadounidense por negligencia. Joyce y Kevin Lucey dicen que su hijo Jeffrey se ahorcó luego de que las Fuerzas Armadas estadounidenses no prestaron atención a la depresión que sufría. A fines de mayo de 2004, Jeffrey fue ingresado contra su voluntad en un hospital militar para veteranos, luego de que no hizo caso a los pedidos de su familia de que buscara ayuda. A los pocos días le dieron el alta del hospital, y tres semanas después se suicidó. Su padre llegó a su casa y descubrió que su hijo se había ahorcado con una manguera en el sótano. Sobre su cama tenía las placas de identificación de dos prisioneros iraquíes a quienes, según dijo, le habían obligado a disparar a pesar de que estaban desarmados. La demanda de la familia Lucey surge tras otro caso en el que dos grupos de derechos de los veteranos alegan que el Departamento de Asuntos de los Veteranos demoró en prestarle ayuda o directamente le negó ayuda a los veteranos, por discapacidades tales como el síndrome de estrés post-traumático.

En Afganistán, continúan las negociaciones entre los ancianos tribales y los secuestradores Talibán que tienen cautivos a 22 trabajadores voluntarios surcoreanos de la Iglesia. Uno de los rehenes fue asesinado el miércoles, luego de que venció un plazo fijado por los secuestradores. El Talibán quiere intercambiar la liberación de los trabajadores voluntarios por la de los prisioneros rebeldes. Mientras tanto en Corea del Sur, activistas se congregaron en Seúl para pedir que los rehenes regresen sanos y salvos y que los soldados surcoreanos se retiren de Afganistán.

• La activista Park Jeo-Eun dijo: “Estados Unidos ocupó Afganistán y desató una guerra, luego los soldados surcoreanos se unieron en el nombre de una guerra contra el terrorismo. Ese es el motivo fundamental de este secuestro. Y el Talibán debería liberar de inmediato a los 22 rehenes surcoreanos sanos y salvos”.

En los Territorios Ocupados, un antiguo miembro de Fatah renunció a su cargo como Jefe de Seguridad de la Autoridad Palestina. Mohammad Dahlan dice que renuncia por motivos de salud. Sin embargo, los críticos afirman que su renuncia está vinculada al hecho de que no pudo impedir que Hamas tomara el control de Gaza el mes pasado. Dahlan también afrontó acusaciones de corrupción y violaciones de los derechos humanos durante el tiempo que trabajó en el gobierno palestino.

En Australia, un médico indio detenido con relación a los atentados con coche bomba fallidos en Gran Bretaña fue liberado, luego de que los fiscales admitieron que su arresto había sido un error. Los fiscales retiraron todos los cargos contra Mohamed Haneef tras descubrir que no estaba involucrado en el caso.

En Cuba, más de cien mil personas se congregaron en la ciudad central de Camagüey para conmemorar el quincuagésimo cuarto aniversario de los asaltos que dieron inicio a la Revolución Cubana. El Presidente cubano en funciones, Raúl Castro, dijo que Cuba sufrió grandes contratiempos desde que su hermano Fidel le entregó el poder el año pasado. Raúl Castro también señaló que Cuba negociaría con Estados Unidos cuando el gobierno de Bush culmine su mandato.

• Raúl Castro dijo: “Para esa fecha por tanto, estaremos mejor preparados para resistir y vencer en todos los frentes, incluida la defensa. También para esa fecha se habrán realizado las elecciones en los Estados Unidos y habrá concluido el mandato del actual Presidente de ese país y su errática y peligrosa administración caracterizada por un pensamiento tan retrógrado y fundamentalista que no deja margen al análisis racional de asunto alguno”.

El festejo también marcó que ya había transcurrido un año desde que Fidel Castro apareció en público por última vez.

Pakistán reprendió al gobierno de Bush por sus recientes comentarios, en los que se afirmó que Estados Unidos atacaría áreas dentro de Pakistán si lo considera necesario para combatir a militantes de Al Qaeda.

• El Ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Khursheed Mehmood Kasuri, dijo: “Tales declaraciones son irresponsables y no deberían realizarse. De hecho son contraproducentes para el tipo de esfuerzo y cooperación que Pakistán y Estados Unidos están realizando en conjunto. Y quizá esta sea una etapa electoral en Estados Unidos pero no debería ser a costa nuestra”.

En Birmania, el activista por los derechos humanos Ko Myint Naing fue condenado a ocho años en prisión. El régimen militar lo acusó de incitar el caos en un incidente en el que él y otros activistas fueron atacados por una mafia que apoya al gobierno, que se produjo mientras Myint Naing se dirigía a una sesión de capacitación en derechos humanos. El gobierno ha sido acusado de numerosas violaciones a los derechos humanos y de haber realizado varias detenciones arbitrarias desde que asumió el poder.

El Wall Street Journal informa que Estados Unidos decidió asumir una postura no intervencionista con respecto a un banco saudita al que la inteligencia estadounidense ha relacionado con el financiamiento de militantes extremistas islámicos. El banco Al Rajhi es una de las vastas propiedades del multimillonario saudita Sulaiman Al Rajhi. Las actividades del banco habrían provocado un intenso debate dentro del gobierno de Bush acerca de cómo proceder. Sin embargo, informes confidenciales demuestran que el gobierno en definitiva decidió hacer lobby en silencio con monarcas sauditas en lugar de tomar medidas punitivas. La inteligencia de Estados Unidos dice que el banco Al Rahji ha tenido cuentas y aceptado donaciones para organizaciones benéficas formalmente designadas como frentes para Al Qaeda y otros grupos militantes. La CIA concluyó que la familia Al Rahji estaba involucrada. Tanto el banco como la familia Al Rahji negaron cualquier vinculación con el financiamiento de militantes.

La revelación surge al tiempo que el gobierno de Bush afronta críticas por estar procesando a la mayor organización benéfica islámica en Estados Unidos. En un juicio que comenzó esta semana, los fiscales acusan a la Fundación Tierra Santa para la Ayuda y el Desarrollo, con sede en Texas, de proporcionar millones de dólares en financiamiento a actividades militantes de Hamas. La organización benéfica dice que el dinero fue dirigido a víctimas palestinas de ataques israelíes y de cierres en los Territorios Ocupados. El caso es el mayor de este tipo en la historia estadounidense. Los fiscales fueron cuestionados por haber confiado en pruebas secretas proporcionadas por el gobierno israelí. Khalil Meek, del Fondo Legal Musulmán de Estados Unidos, dijo: “El gobierno de Bush está argumentando que brindar asistencia médica y nutricional a niños palestinos enfermos y hambrientos equivale a apoyar el terrorismo”.

En materia económica, el Departamento de Justicia lanzó una investigación de varios supuestos casos de prácticas discriminatorias en la adjudicación de préstamos hipotecarios. La Coalición Nacional de Reinversión Comunitaria recientemente descubrió que los afroestadounidenses tenían el doble de probabilidades que los solicitantes blancos de recibir préstamos con intereses altos, por encima de los permitidos en el mercado. La investigación surge tras una demanda colectiva presentada por la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) que acusa a prestamistas hipotecarios secundarios de racismo sistemático e institucional. Los prestamistas nombrados en la demanda incluyen a Wells Fargo, Citigroup y Washington Mutual.

Y en materia de inmigración, un juez federal anuló una serie de leyes polémicas contra los inmigrantes en la localidad de Hazleton, en Pennsylvania. Durante el último año la localidad adoptó ordenanzas dirigidas a impedir que los inmigrantes indocumentados trabajen o alquilen casas allí. El juez James Munley dictaminó que las medidas socavaban las leyes federales de inmigración y violaban los derechos de debido proceso de los empleadores, propietarios e inmigrantes indocumentados. Los observadores dicen que el fallo podría tener un fuerte impacto en impedir que otras localidades aprueben medidas similares contra los inmigrantes.